El martes, el Partido Republicano de Estados Unidos, en voz del posible líder de la oposición al Partido Demócrata en el Senado, Rand Paul, afirmó el apoyo, cuando menos novedoso, a la reforma migratoria de la Administración Obama, que tiene como propósito normalizar la situación de irregular de los millones de migrantes, especialmente latinos, del país. Una posición, aparte de novedosa, que contrasta frontalmente con la postura de la sección ultraconservadora de Tea Party, que mantiene su discurso marcadamente anti-inmigrante.

Sorprende que el Partido Republicano se refiera a la necesidad de 'sacar de las sombras' a los millones de inmigrantes irregulares, del mismo modo que sorprendía cuando en campaña, el reelegido presidente Barack Obama hacía continuos guiños al electorado latino siendo el presidente más duro con los migrantes indocumentados. Tanto es así, que las sanciones por situación irregular pasaron de un millón de dólares en 2007 a trece millones en 2012 y, por ejemplo, con su gobierno se produjeron más deportaciones que con su predecesor republicano de George W. Bush, hasta tal punto que sólo en 2012 se llevaron a cabo más de 400.000.

Dadas estas circunstancias, cabría pensar en que la reforma migratoria estadounidense responde, más bien, a una cuestión de oportunismo político y económico más que a un acto de filantropía.

Asumiendo las tarifas actuales del USCIS Inmigration Service, los costes que se derivarían de un proceso burocrático de regulación migratoria de acuerdo a las tarifas de multa para iniciar el proceso, solicitar residencia y cumplimentar los formularios de ajuste y permiso de trabajo – formularios I-485 e I-765 respectivamente– superarían los 3.400 dólares, y a los que habría que añadir los más de 600 dólares que costaría la expedición de la Green Card, a cada migrante regularizado, una vez transcurrido el plazo que la reforma estime oportuno –se baraja entre 8 y 20 años– y que confiere la residencia permanente en el país.

En definitiva, y aceptando que la gran mayoría de los once millones de inmigrantes 'sin papeles' que hay en el país podrían acogerse a una reforma migratoria notablemente flexible, las arcas estadounidenses podrían estar ingresando en el corto plazo cerca de 40.000 millones de dólares, a los que habría que sumar los cambios tarifarios, gastos de representación, y otros derivados que no harían sino engrosar el montante final.

Un montante global de un rédito económico inconmensurable y que se servirá de una narrativa de civismo y solidaridad como la que ha acompañado a la abolición de la esclavitud en tiempos del presidente Lincoln, a la reforma migratoria de España, que sirvió para atraer a cuatro millones de migrantes a base de precarizar sus derechos sociales y contribuir a la pauperización del mercado laboral, o a las políticas prohibicionistas del tabaco, llevadas a cabo en multitud de países que, en su mayoría, sólo han surgido cuando a la calculadora del Estado le comenzó a salir más caro el tratamiento del cáncer de pulmón que los ingresos que le suponía la industria tabacalera.

En resumen, nada –y en política mucho menos– es lo que parece.

Artículo originalmente publicado en el soporte online El Espectador.com.

Autor: Jerónimo Ríos Sierra, Investigador en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Editor en Jefe | Editor in Chief: ChOA.

Palestina, es cierto, hoy en día carecería de dos atributos indisociables a todo Estado: monopolio legítimo de la violencia y soberanía territorial. Sin embargo, sobre todo en relación a este último, ha de entenderse en buena parte por la presencia de un Estado como Israel que, sistemáticamente en las últimas décadas y contraviniendo el Derecho Internacional, ha menoscabado dicho atributo con prácticas tan lesivas como los asentamientos de colonos fuera de su territorio o el denominado “Muro de Cisjordania”.

Más allá de todo, las posibilidades futuras de que Palestina se constituya jurídicamente como un Estado dependen de diferentes variables también exógenas.

Primero, se hace difícil pensar en un Estado palestino mientras siga gobernando en Israel el Likud, un partido conservador liderado por Benjamín Netanyahu y que sistemáticamente ha rechazado cualquier atisbo real de creación de un Estado en Palestina. Más difícil se hace si el máximo representante del gobierno israelí en exteriores es alguien como Avigdor Lieberman, un antiarabista confeso que ya ha amenazado con tratar de derrocar al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, en caso de que obtenga el respaldo de la comunidad internacional.

La segunda variable pasaría por Washington. La administración Obama, desde inicios de su gobierno, hizo acopio de buenas voluntades por intervenir en un proceso en el que su presencia, hasta el momento, se reduce a obstaculizar el papel de la comunidad internacional al respecto y alertar, como lo ha hecho recientemente, con suspender el programa de ayudas a Palestina.

En un tercer estadio, no menos prometedor, se encontraría la Unión Europea. Una vez más, en una cuestión que debiera articular una voluntad común y acorde con los valores que propugna, se presenta al mundo dividida. En un primer momento se trató de obtener un posicionamiento común a favor de la abstención. Sin embargo, mientras doce países —España, Bélgica, Francia, Portugal y Dinamarca, entre otros— han considerado la necesidad de que Palestina obtenga un mayor respaldo en su pretensión y han votado a favor; el resto ha optado entre la abstención (Reino Unido y Alemania) y el voto en contra (República Checa, Holanda y Bulgaria).

Más allá de reconocimientos simbólicos, Palestina necesita de materializaciones tangibles que, en buena parte, dependen de actores y decisiones externas con intereses encontrados y que, pese a todo, hoy en día invitan más al escepticismo y menos a soñar con la verdadera creación de un Estado en Palestina.

Escrito por | originally written by: Jerónimo Ríos Sierra | El Espectador online (Bogotá, Colombia).

Editor en Jefe | Editor in Chief: ChOA.