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document.write(' España como país plural y diverso.
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document.write(' El Reino de España dejó hace siglos de ser un Reino de Taifas anárquico: es un espacio público compartido, un país plural y diverso, en el que existen distintas lenguas, retroalimentándose entre sí - castellano, catalán, euskera, gallego. Su configuración política está potentemente descentralizada: Comunidades Autónomas, con sus gobiernos y parlamentos, asumen una gran cantidad de competencias entrelazadas, semejantes a las federaciones más descentralizadas como los Länder alemanes.
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document.write(' Visualizamos un horizonte político-social y un bagaje histórico con más de 500 años en su perfil actual; una de las naciones más antiguas del globo, dotada de una Constitución moderna, la de 1978, pactada entre las más diversas fuerzas políticas y ratificada por la mayoría de sus votantes. Como oportunamente apunta Felipe González, expresidente del Gobierno de España, “la normativa que regula el autogobierno está basamentada en los Estatutos de Autonomía, desarrollados en el marco de la Constitución Española que garantiza la soberanía de todos los ciudadanos españoles, su igualdad de derechos y obligaciones, al tiempo que reconoce la diversidad de los pueblos de España”.
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document.write(' Avanzar hasta este punto ha sido sumamente complejo, dentro del proceso transitorio, a partir de un periodo histórico en el que España trataba de superar conflictos históricos lastrantes, cuya última etapa fue la salida democrática de una larga dictadura y un episodio necio, amenazador aunque fallido, perpetrado contra el Estado de la Democracia, mediante el golpe de Estado de 1981 (23F) - liderado por el Teniente Coronel Antonio Tejero. Ahora bien, a principios de los 80 España viene evolucionando en un marco de pacto constitucional y contextualizado en su tejido democrático, a lo largo de un periodo extenso de convivencia en libertad, de modernización y desarrollo político, económico y social brillante y europeísta.
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document.write(' Sin embargo, contra esta realidad se alza una vorágine castrante, alimentada por un movimiento secesionista en Cataluña, que trata de abolir la Constitución y el Estatuto de Autonomías, destruyendo la legalidad vigente y la legitimidad del propio Gobierno de Cataluña, junto a los grupos parlamentarios que lo siguen de manera maquinal, impulsivos y acotados en su propio \'branding de esteladas’ y una aventura de ‘guerrilla republicana’, convulsiva y anquilosada en el pasado que ellos mismos critican combativos.
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document.write(' Resulta irónico comprobar que el proceso golpista en Venezuela con su Asamblea Nacional Constituyente, liderado por el Presidente Nicolás Maduro corre paralelo al desafío independentista forzado de un supuesto referéndum de secesión -previsto para este próximo domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional- y aliñado con una ley de transitoriedad hacia una crisis de la gobernanza con consecuencias previsibles y de difícil ‘vuelta atrás’. Una ruptura ilegal de cada pieza del ordenamiento jurídico democrático, llevada adelante con apisonadoras políticas y tractores físicos; sin respeto alguno a las normas que garantizarían legitimidad a los responsables políticos que lo fuerzan e imponen al conjunto de la sociedad catalana y al de todos los españoles.
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